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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.

 El CIUDADANO DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Congreso del Estado se ha servido expedir el siguiente:

DECRETO

Núm. 381.- La XLIII H. Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en nombre del Pueblo que representa y haciendo uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local, en su artículo 58, Fracción I, decreta el siguiente:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES A LA ACTUACIÓN PROCESAL

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Tamaulipas y el procedimiento será de estricto derecho para los asuntos de carácter civil. En las cuestiones de orden familiar, y sin alterar el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes, el Juez suplirá de oficio sus deficiencias sobre la base de proteger el interés de la familia, mirando siempre por lo que más favorezca a los adultos mayores en estado de necesidad, menores e incapaces.

ARTÍCULO 2°.- La observancia de las normas procesales es de orden público. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales, se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por acuerdo de los interesados pueda renunciarse el derecho de recusación, ni alterarse o modificarse las demás normas esenciales del procedimiento.

Los actos procesales que en forma expresa y limitativa cita este Código como nulos de pleno Derecho, no será necesario que las partes los impugnen amén que, el juez, de oficio, se abstendrá de tomarlos en cuenta.

ARTÍCULO 3°.- La tramitación de los negocios judiciales no podrá alterarse o entorpecerse por disposiciones fiscales.

ARTÍCULO 4°.- La Iniciativa del proceso queda reservada a las partes; el magistrado o juez podrá dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes para evitar la demora o paralización, y acelerar su trámite, viendo siempre a la consecución de la economía procesal y a una efectiva Administración de justicia rápida y expedita; pero los autos y sentencias no podrán ejecutarse sino hasta que transcurran los términos para interponer los recursos ordinarios que este Código establece. Al juez que infrinja esta disposición se impondrá multa hasta por treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización sin perjuicio de responder a la parte perjudicada por los daños y perjuicios que con ello se le causen. En consecuencia, los Tribunales tienen, sin perjuicio de lo dispuesto, y de las facultades especiales que la Ley les concede, las siguientes:

I.- Impulsar el procedimiento, una vez iniciado, sin perjuicio de la actividad que las partes deben desplegar;

II.- Rechazar de plano cualquier incidente o promoción que racionalmente merezca calificarse de intrascendente, frívolo o malicioso, en relación con el asunto que se ventila, sin perjuicio de imponer la sanción que corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y comunicar al Ministerio Público la actitud de esa parte, conforme a lo previsto en el Código Penal para el Estado; y

III.- Deberá promover la utilización de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, siempre que de acuerdo a la ley de la materia o del Reglamento del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial proceda su aplicación.

ARTÍCULO 5°.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés jurídico en que la autoridad declare, constituya o extinga un derecho, o imponga una condena.

Actuarán en el juicio los mismos interesados o sus abogados con sujeción estricta a las prevenciones de la ley. En cualquier caso los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario.

ARTÍCULO 6°.- Cuando haya trasmisión a un tercero del interés de que habla el artículo anterior, dejará de ser parte el cedente y será sustituido por quien lo haya obtenido. La trasmisión no afecta el procedimiento judicial, el cual continuará con el trámite siguiente excepto en los casos en que desaparezca, por confusión sustancial de intereses la materia del litigio.

ARTÍCULO 7°.- Las relaciones recíprocas de las partes dentro del proceso con sus respectivas facultades y obligaciones, así como los términos, recursos, y toda clase de medidas que este Código concede para hacerlos valer, no pueden sufrir modificación por virtud de leyes o estatutos relativos al modo de funcionar o especial de ser de una, ya actora o demandada, o de ambas. En todo caso, debe observarse la norma tutelar de igualdad de los contendientes dentro del proceso, de manera tal que el curso de éste fuera el mismo aunque se invirtiera la posición de ellos.

ARTÍCULO 8°.- Siempre que una parte dentro del procedimiento esté compuesta de diversas personas, deberá nombrar representante común.

Si se tratara de la actora, el nombramiento será hecho en la demanda o en la primera promoción, sin lo cual no se le dará curso.

Si fuere la demandada, la designación se hará a más tardar al ser contestada la demanda.

Cuando la pluralidad de personas surja en cualquier momento del juicio, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el plazo de cinco días a partir del primer acto procesal en que la misma se manifieste.

Si los interesados no cumpliesen con lo anteriormente expresado dentro del término correspondiente, el tribunal, de oficio, hará la designación de entre ellos.

El representante está obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones comunes a los interesados, y las personales de cada uno de ellos; pero si éstos no cuidan de hacérselas conocer oportunamente, quedará libre de toda responsabilidad frente a los omisos.

El representante común tendrá todas las facultades y obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio de la obligación para los representados de absolver posiciones o rendir declaración conforme a la Ley.

ARTÍCULO 9°.- Los cambios de representante procesal de una parte o la sustitución de causante por causahabiente, no causan perjuicio a la contraria mientras no le sean hechos saber judicialmente.

Cuando se verifiquen estos cambios con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, la actividad procesal se desarrollará y producirá sus efectos con toda validez, como si no se hubiesen operado aquéllos.

ARTÍCULO 10.- Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública, sea federal, estatal o municipal, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que cualquiera otra parte; sin embargo, no podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentas de prestar las garantías que este Código exige a las partes.


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